- 17 nov 2021


Resulta alentador para los agricultores que vivimos la cotidiana exigencia de gestionar la distribución de las aguas de origen superficial y con ellas producir alimentos, observar la paulatina mejoría del nivel del debate nacional respecto a la forma de abordar las soluciones según la naturaleza y limitaciones que ofrecen cada una de las 101 cuencas del país. Ello ha sido posible fruto de la persistencia del dialogo en el Parlamento y el consiguiente acercamiento de posiciones, el involucramiento consistente del ministro de OOPP y su equipo, el cable a tierra aportado por las organizaciones de todas las actividades productivas y otros usos involucradas, la colaboración de la Academia y la presión ciudadana por relevar el tema y privilegiar la superación de aquellas situaciones de desabastecimiento de agua potable que denigran la vida cotidiana de muchos ciudadanos. Ahora conocemos la opinión del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ingeniero civil hidráulico, quien preside el Consejo de Políticas de Infraestructura que reúne a los más destacados actores nacionales en estas materias, coincidiendo conla visión del ministro de OOPP y de los titulares de derechos de aprovechamiento organizados en las OUA’s, en la necesidad de abordar el desafío hídrico desde la singularidad de cada cuenca, constituyendo Consejos de Recursos Hídricos de carácter público-privado, en los que participen todos los actores relacionados con el recurso. La DGA y las Organizaciones de Usuarios de Aguas estamos trabajando en la búsqueda de soluciones para concretar la regularización de los derechos consuetudinarios y principalmente los de la pequeña agricultura. Es fundamental avanzar en el catastro de los derechos reconocidos u otorgados para una ajustada política pública en materias hídricas. El desconocimiento de la realidad que se observa es muy preocupante, incluso a nivel académico, develada recientemente en informes de ese origen, enteramente alejados de la realidad como fruto de la carencia de datos de parte de la administración del Estado.
Se ignora que, en promedio, un tercio de la superficie de riego del territorio está en manos de la pequeña agricultura (hasta 12 hás. de riego básicas, hbr) que compromete al 80% de los titulares (200 mil ciudadanos), que otro tercio lo tienen el 12% de medianos agricultores (hasta 50 hrb.) y que el último tercio recae en el 8% que posee más de 50 hrb. Resulta urgente determinar, a nivel de cada cuenca, la distribución de los derechos de aprovechamiento por cada uno de estos tres estamentos y de los otros titulares y los usos ambientales, de modo que según sean las condiciones actuales y proyectadas delas fuentes que los surten, poder discernir la mejor forma de ir resolviendo sus limitaciones presentes y proyectadas.
Las OUA’s del país estamos disponibles para aportar los datos de nuestros asociados y los derechos que cada uno tiene reconocidos en los estatutos sociales, que se encuentran debidamente inscritos en los Registros de Agua de los CBR.
La tecnología y la experiencia centenaria de los agricultores en la lucha diaria por convivir con una naturaleza cambiante, debe ser tenida muy presente al momento de enriquecer el debate local para diseñar programas que provean soluciones paulatinas, que deberán ser acompañadas por políticas público-privada de inversión en infraestructura, la incorporación de tecnología, la modernización de la gestión y la urgente flexibilización de los criterios de acceso a las fuentes naturales, según lo indiquen los estudios actualizados de las mismas.
Terminamos llamando al mayor consenso posible para no seguir dilatando la implementación de las iniciativas que nos encaminen hacia las urgentes soluciones.
Patricio Crespo Ureta
Abril2021

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