EL ESTADO COMO CÓMPLICE PASIVO

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a una sistemática y bien orquestada campaña comunicacional que pretende, en base a eslóganes, mitos y engaños, destruir la institución de los derechos de agua en Chile que son gestionados por los propios titulares, desde el más pequeño al más grande y que por siglos ha contribuido a la satisfacción de las necesidades sanitarias, ambientales y productivas con innegable beneficio para todos los chilenos. Para ello se ha abusado de la precariedad del Estado al difundir engañosa o erróneamente información de su origen. Es así como ahora surge un Informe elaborado por el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas (CPE UDLA), divulgado en Chile y en el exterior, que concluye que, en Chile el 1% de los titulares de derechos de agua de carácter consuntivo concentrarían el 79,02% de estos derechos, demonizando la legislación vigente como el factor incidente en ese resultado. Se funda en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la Dirección General de Aguas (DGA) que contiene información muy parcial, la que proviene de iniciativas de unos pocos titulares que, para cumplir exigencias burocráticas, hacen un engorroso y oneroso trámite previo para acceder luego al CPA, donde sólo se reconoce catastrados los derechos de 5.485 titulares. La pequeña y la mayor parte de la mediana y gran agricultura no requieren hacer estos trámites, por lo que sus derechos no están catastrados en el CPA. Pero sí lo están en los Registros Conservatorios Oficiales y en los de las Orgs. de Usuarios donde se reconocen y ejercen. Según el Atlas del Agua de la DGA de 2016, se señalan 42.946 titulares de derechos consuntivos superficiales (catastrados o no) con una dotación nominal total de 2.959 m3/s. y 47.569 titulares de aguas subterráneas con dotación de 467,3 m3/s. La Universidad de Chile en 2018 hizo un análisis de estos derechos consuntivos superficiales en base a entrevistas a las organizaciones formales de usuarios, omitiendo a muchas que no están formalizadas o se encuentran en proceso. De sus conclusiones se desprende lo siguiente: Titulares de derechos consuntivos superficiales 138.059 bajo jurisdicción de Juntas de Vigilancia y 30.510 en Comunidades de Aguas independientes, lo que totaliza 168.570 titulares. La realidad está en torno a los 250.000 titulares si consideramos los derechos consuetudinarios no regularizados ni catastrados que se encuentran en manos de los pequeños propietarios y cuyo ejercicio se hace en canales no formalizados. De este somero examen se desprende que las conclusiones del CPE UDLA son burdamente erróneas por lograrse a partir de los titulares de derechos catastrados que, como se advierte, son una fracción muy menor de la realidad y que, en su mayoría, considera a los titulares con más derechos registrados. Una buena aproximación a la real distribución nacional nos la da la Región de O’Higgins, datos que maneja la Federación Regional de Juntas de Vigilancia. Al examinar la concentración de los titulares de derechos consuntivos superficiales por estratos de superficie: pequeños hasta 12 hectáreas de riego básicas (hrb), medianos desde 12,1 a 50 hrb. y mayores sobre 50,1 hrb. se verifica que, en valores aproximados, el 80% de los titulares pertenece al primer estrato, el 12% de titulares al segundo y el 8% de los titulares del tercero. En la Región de Valparaíso, la J.de Vigilancia de la 3ª sección del Aconcagua nos informa que aprox. el 91% de las propiedades está en el primer estrato, el 6,9% en el segundo y el 2,1% en el 3º. En la Región de Coquimbo, los datos oficiales de la Junta de Vigilancia del Rio Elqui nos señala que el 86,8 %, de los derechos están en manos de pequeños y muy pequeños, el 11.1% en los medianos y el 2.1% en los más grandes. En la Región del Bío Bío, la JVRío Diguillín señala que en el primer estrato sus titulares tienen el 96,82% de los derechos y en el segundo el 3,38 % de los derechos. No existiendo información oficial, a nivel nacional, de la distribución de estos derechos por estrato de superficie, una buena aproximación la podemos desprender de los antecedentes aportados por la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región O’Higgins, donde se aprecia que la totalidad de los derechos consuntivos se divide aproximadamente en tercios por estrato: un tercio para las propiedades pequeñas, un tercio para las medianas y un tercio para las grandes. Esto se explica por la subdivisión natural por causa de muerte, por la Reforma Agraria que afectó a la inmensa mayoría de las propiedades regadas con sus derechos de agua incluidos, y a la posterior gradual reconcentración. Todo esto nos indica que la concentración denunciada por el CPE UDLA es una gran falacia, por lo que los llamamos a dar las explicaciones públicas debidas, particularmente tratándose de una universidad acreditada y con el compromiso legal de vincularse con el medio en forma rigurosa. También se vocifera con relación a los camiones aljibes que atienden a los servicios de agua potable rural (APR) por estar inhabilitados ante la caída del nivel en las napas, lo que maliciosamente se atribuye a los grandes empresarios y al código de aguas. Como ya es costumbre en nuestro medio, siempre el responsable se oculta y trata de endosar sus culpas a terceros. Otros inescrupulosos, ya muy conocidos, se aprovechan para hacer su agosto. Al respecto resulta conveniente mirar al sector público que es el que define las políticas, siendo la DOH del MOP el brazo gestor de los programas APR. Estos proyectos deben pasar el examen de evaluación económico social del MIDESO. La exigencia determina que las pequeñas comunidades logren un financiamiento muy estrecho que al final se ajusta en la profundidad que se da al pozo, quedando fuera de servicio ante una pequeña oscilación de la napa por sequía. Es el caso de la gran mayoría de los APR que están siendo atendidos por camiones aljibes con un presupuesto millonario que ahora será difícil desmontar por razones políticas, tanto por seguir culpando al Código de Aguas, como por la corrupción que los tiene colonizados. Mientras tanto un grupo privado, a través de la fundación FODEPE, han rehabilitado la mayoría de los pozos APR de Petorca a un quinto del costo previsto por la DOH. Qué mejor demostración ésta de la urgente necesidad de modernizar el Estado. Podemos desprender de este cúmulo de información parcial y a veces contradictoria, que estamos bastante a ciegas al momento de tomar decisiones, y que el Estado se ha constituido, con su silencio y falta de rigor, en cómplice pasivo de las campañas fraudulentas de desinformación imperantes. Mientras unos, con total impudicia, enlodan a los titulares de derechos, y pretenden seguir haciendo más de lo mismo, desde un Estado hipertrofiado que esconde y no asume su precariedad, los usuarios del agua de todos los tamaños hemos construido una enorme red de riego y por siglos gestionado la distribución y conservación de la infraestructura sin costo para el Fisco, sin estridencias y permitiendo el enorme desarrollo que evidencia el país en estos ámbitos, asegurando de paso la alimentación de todos los chilenos y aportando a la de otros 160 países. Reclamamos de la academia rigor y verdad, de los entes públicos información oportuna, suficiente y rigurosa para acompañar la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, y a los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos, altamente replicados en redes sociales, ponerse a la altura del rol que les encomienda la sociedad, de informar con rigor y profesionalismo, para contribuir a hacer opinión pública, aislando a quienes no trepidan en usar su exposición mediática para desinformar sin escrúpulos por razones ideológicas. Firman: 40 Juntas de Vigilancia de todo el país (incluyendo Río Teno).