Mitos sobre el agua

Los problemas para accederá su consumo solo podrán resolverse con inversiones, no con medidas que las desincentivan.

Un senador ha anunciado que presentará un proyecto de ley para asegurar a todos los chilenos cien litros de agua diarios en forma gratuita. Según el parlamentario, el futuro escenario hídrico producto del cambio climático será gravísimo y resulta necesario regular el agua, lo que requiere además que ella sea reconocida constitucionalmente como un bien nacional de uso público. La iniciativa parece otra expresión de una cierta mitología en torno al tema del agua que ha tendido a extenderse en el último tiempo y donde se mezclan hechos ciertos —como el avance de la desertificación—

con afirmaciones a lo menos dudosas. Según esta visión, la situación del agua para consumo humano sería desesperada y solo podría abordarse mediante acciones radicales.

Para entender el tema, debe recordarse que el 82% del agua consumida en Chile se utiliza en agricultura, y que el resto se divide entre agua potable (8%), uso industrial (7%) y uso minero (3%). Respecto de los derechos de agua privados, son más antiguos de lo que hoy parece creerse: ya la Ley 9.909, de 1951, establecía derechos reales y transables sobre

este recurso. Pero incluso si se eliminaran estos derechos, la previsible oposición del mundo agrícola —grande, mediano y pequeño— haría extremadamente difícil una hipotética expropiación de sus aguas, como igualmente ocurriría en

cualquier país, aunque solo existieran derechos tradicionales (y no formales). Por lo tanto, la mayor parte del agua queda fuera de cualquier iniciativa de reasignación. Respecto del resto, no parece que pudiera ser positivo eliminar los derechos de agua en la industria o en la minería. En cualquier caso, la ley permite expresamente la expropiación de derechos si ello es necesario para el uso de las personas.

Respecto de quienes no disponen de agua para su consumo personal, se trata de un problema de acceso que no se resolverá con la gratuidad propuesta. En algunos casos, es el cambio climático el que ha reducido la cantidad de agua disponible en las cuencas. En esas ciudades y pueblos se necesitan, pues, inversiones en plantas de desalinización, transporte de agua ypozos más profundos, además de un mayor control de las extracciones ilegales, lo que resolvería el problema.

En otros casos, se trata de localidades aisladas, no alcanzadas aún por el programa de Agua Potable Rural. Según el Consejo de Infraestructura, algo menos de un millón de personas vive este problema, ciertamente urgente de resolver. Pero, nuevamente, la solución pasa por llegar a esas zonas con inversiones en pozos y distribución de agua.

El último grupo que no dispone de acceso fácil al agua potable son los habitantes de tomas: tampoco aquí una ley que ofrezca agua gratis podría ser solución para quienes no tienen conexiones a la red.

Existen hoy varios subsidios para el consumo de agua. Desde luego, el propio programa de Agua Potable Rural es un subsidio que permite que comunidades tengan acceso a ella, pese a que económicamente no se trata de proyectos viables. Existe también un programa focalizado de subsidios al consumo de agua potable, por lo que no hay problemas reales de acceso a un consumo mínimo. Así, el proyecto anunciado ataca un problema —la falta de acceso a un consumo mínimo— que solo existe donde no se puede resolver con agua gratis, salvo mediante camiones aljibe. Si se desea ayudar a esas comunidades, es necesario gastar más en los programas de agua potable rural, aumentar las inversiones en desalinización y en transporte de agua, y lograr que quienes habitan en campamentos puedan acceder a viviendas formales.

Lo anterior no quiere decir que no haya problemas en el tema de las aguas. Se debe mejorar el manejo integrado de cuencas, establecer caudales mínimos ecológicos, conocer mejor la dinámica de las aguas subterráneas y controlar con más eficacia las extracciones ilegales. Además, las ciudades costeras deberían tratar sus aguas para reutilizarlas, y se debe aumentar la inversión en plantas desalinizadoras aprovechando energía solar limpia y de bajo costo. Pero el proyecto anunciado, y muchos otros en esta materia, más bien distraen y constituyen un disuasivo para las necesarias inversiones en el sector.

Presidente Piñera firma Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos

Con esto el Gobierno sigue avanzando en su agenda para fortalecer el marco legal e institucional para enfrentar la sequía y garantizar el acceso al agua para todas las personas. • El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firma el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. • En los últimos 30 años, Chile ha sufrido disminuciones de caudales y precipitaciones de entre el 15% y 25%, mientras que hoy zona central chilena está pasando por la década más seca desde que se tiene registro. Las precipitaciones en Santiago pasaron de un promedio de342 milímetros (mm) anuales entre 1981 y 2010 a un promedio de 199 mm anuales entre 2010 y 2020, lo que implica una disminución de 42%. • Para enfrentar la escasez hídrica, el 9 de octubre de 2019 el Mandatario creó la Mesa Nacional del Agua, instancia público-privada conformada por representantes de la sociedad civil, gremios, el Congreso y el Gobierno con el objetivo de buscar soluciones de mediano y largo plazo. • El Primer Informe de la Mesa Nacional del Agua, dado a conocer por el Presidente en febrero de 2020, identificó tres desafíos principales para abordar la situación hídrica: (i)Marco legal e institucional, (ii) Seguridad Hídrica, (iii) Calidad de las aguas y ecosistemas. Estos desafíos se están abordando mediante el trabajo en 12 ejes temáticos. A la fecha la Mesa ha sesionado 46 veces, y se han creado 7 mesas técnicas de trabajo con más de 120 integrantes. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL • A partir del diagnóstico realizado por la Mesa Nacional del Agua, se propone la creación de una nueva institucionalidad hídrica, mediante el Proyecto de Ley que crea el Ministerio deObras Públicas y Recursos Hídricos, junto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. • El objetivo es crear una institución rectora que pueda orientar una política hídrica de Estado de largo plazo, que sea estable y de respaldo transversal. • La nueva estructura institucional crearía:

1. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (28 integrantes), como órgano asesor del Presidente de la República, cuyo fin es proponer la Política Nacional de Recursos Hídricos. El consejo tiene una composición transversal con representantes de asociaciones e instituciones tanto públicas como privadas. 2. La Comisión de Ministros de Recursos Hídricos (8 ministros), una instancia de coordinación delos ministerios asociados a la gestión hídrica, presidido por el Ministro de Obras Públicas y de Recursos Hídricos, que tendrá como función entregar lineamientos y recomendaciones para implementación y seguimiento de la Política Nacional de Recursos Hídricos. 3. Un Comité Técnico de Recursos Hídricos (9 integrantes), que coordina la implementación y ejecución de decisiones y acuerdos de la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos. Este comité es presidido por el Subsecretario de Recursos Hídricos. 4. La Subsecretaría de Recursos Hídricos, que tiene como función liderar y coordinar la gobernanza del recurso hídrico a nivel nacional. El Subsecretario ejerce como Secretario Técnico del Comité de Ministros de Recursos Hídricos, y preside el Comité Técnico de Recursos Hídricos. De él dependerán la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Obras Hidráulicas, la Unidad de Información Hídrica (nueva, creada en el Proyecto de Ley), el Instituto Nacional de Hidráulica, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios. o El Instituto Nacional de Hidráulica y la Superintendencia de Servicios Sanitarios tendrán una coordinación directa con el Presidente de la República a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. 5. El Panel de Expertos de Recursos Hídricos, cuya misión es generar recomendaciones públicas de carácter técnico en forma previa a determinadas decisiones de la Dirección General de Aguas. Este panel estará compuesto por 5 expertos remunerados, designados por el Presidente de la República mediante Sistema de Alta Dirección Pública. • Se está avanzando en la Reforma al Código de Aguas, que establece: 1. Priorización del consumo humano, ampliando potestad expropiatoria. 2. Que los nuevos Derechos de Agua no sean indefinidos. 3. Que los derechos sin uso se extingan, y aumente la Patente por No Uso. 4. La caducidad de derechos no inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. • Se está fortaleciendo el rol de las organizaciones de usuarios en las cuencas, mediante el trabajo enun anteproyecto de ley de fortalecimiento del rol de las Organizaciones de Usuario de Aguas en la gestión hídrica local. SEGURIDAD HÍDRICA • Priorizar el consumo humano y la subsistencia en la Reforma al Código de Aguas. • En materia de Servicios Sanitarios Rurales, destaca la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales en noviembre de 2020 que responsabiliza al MOP de 2.500 sistemas de Agua Potable Rural (APR), y completa la regulación sanitaria del país. El MOP pasa a ser

responsable de todos los sistemas de APR en el país y debe hacerse cargo del saneamiento en zonas rurales, es decir recolección y tratamiento de aguas servidas. • Además, se trazó un plan de inversión en APR que contempla una inversión de US$342 millones en 2021. • En materia de Servicios Sanitarios Urbanos, se está trabajando en un proyecto de modernización de regulación e institucionalidad, y se trazó un plan de inversión de US$700 millones para el período 2019 - 2023. • Se está avanzando en la planificación estratégica de cuencas: En 2020 se terminaron los planes de gestión estratégica de 10 cuencas (Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimarí, Ligua, Petorca, Aconcagua y Maule), mientras que este año hay 10 planes de gestión de cuenca en elaboración, y se espera contar al 2022 con planes de gestión para las 61 cuencas más importantes del país, de un total de101 a nivel nacional. • El MOP está elaborando un Plan de Inversión en Infraestructura Hídrica hacia 2050, que cuenta con más de 700 iniciativas de APR y más de 240 iniciativas generadoras de agua en 38 cuencas. CALIDAD DE AGUAS Y ECOSISTEMAS • En materia de protección de acuíferos, desde 2018: 1. Se han declarado 100 acuíferos como áreas de prohibición de entrega de derechos de agua y otras limitaciones (27% del total de acuíferos). 2. Se inicia el monitoreo de las extracciones de aguas subterráneas en 100 comunas, y se espera alcanzar 180 comunas a fines del 2021. 3. Se actualiza el Mapa de Calidad de Acuíferos. 4. Se han constituido 11 Comunidades de Aguas Subterráneas en 2021 (adicionales a las 14 existentes). • Además, se aprobó la ley de humedales urbanos y se han declarado 23 humedales como áreas protegidas, alcanzando más de 226.000 hectáreas protegidas; se realizó una actualización de Inventario de Glaciares; y se fortaleció la red de monitoreo de glaciares con 11 estaciones nuevas en el período 2018 – 2020.

ANEXO: INTEGRANTES DE LA MESA NACIONAL DEL AGUA

GOBIERNO:

1. Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

2. Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.

3. Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

4. Ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve.

5. Ministro Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

6. Subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia.

7. Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

8. Director General de Aguas, Óscar Cristi.

9. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Federico Errázuriz.

CONGRESO

10. Luz Ebensperger, Senadora por Tarapacá.

11. Guido Girardi, Senador por la Región Metropolitana.

12. Rodrigo Galilea, Senador por El Maule.

13. Matías Walker, Diputado de Coquimbo.

14. Luis Pardo, Diputado de Valparaíso.

15. Pablo Kast, Diputado de Valparaíso.

16. Ramón Barros, Diputado de O Higgins.

17. José Perez, Diputado del Bío Bío.

18. René Alinco, Diputado de Aysén.

MUNDO PRIVADO Y GREMIOS

19. José Ramón Valente, Fundación Chile.

20. Ricardo Ariztía, Sociedad Nacional de Agricultura.

21. Diego Hernández, Sociedad Nacional de Minería.

22. Cecilia González, Asociación de APR de la Región Metropolitana.

23. Jessica López, Andes.

24. Orlando Contreras, Mucech.

25. Fernando Peralta, Confederación de Canalistas.

26. Gonzalo Muñoz, Champion COP25.

EL ESTADO COMO CÓMPLICE PASIVO

De un tiempo a esta parte estamos asistiendo a una sistemática y bien orquestada campaña comunicacional que pretende, en base a eslóganes, mitos y engaños, destruir la institución de los derechos de agua en Chile que son gestionados por los propios titulares, desde el más pequeño al más grande y que por siglos ha contribuido a la satisfacción de las necesidades sanitarias, ambientales y productivas con innegable beneficio para todos los chilenos. Para ello se ha abusado de la precariedad del Estado al difundir engañosa o erróneamente información de su origen. Es así como ahora surge un Informe elaborado por el Centro de Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas (CPE UDLA), divulgado en Chile y en el exterior, que concluye que, en Chile el 1% de los titulares de derechos de agua de carácter consuntivo concentrarían el 79,02% de estos derechos, demonizando la legislación vigente como el factor incidente en ese resultado. Se funda en el Catastro Público de Aguas (CPA) de la Dirección General de Aguas (DGA) que contiene información muy parcial, la que proviene de iniciativas de unos pocos titulares que, para cumplir exigencias burocráticas, hacen un engorroso y oneroso trámite previo para acceder luego al CPA, donde sólo se reconoce catastrados los derechos de 5.485 titulares. La pequeña y la mayor parte de la mediana y gran agricultura no requieren hacer estos trámites, por lo que sus derechos no están catastrados en el CPA. Pero sí lo están en los Registros Conservatorios Oficiales y en los de las Orgs. de Usuarios donde se reconocen y ejercen. Según el Atlas del Agua de la DGA de 2016, se señalan 42.946 titulares de derechos consuntivos superficiales (catastrados o no) con una dotación nominal total de 2.959 m3/s. y 47.569 titulares de aguas subterráneas con dotación de 467,3 m3/s. La Universidad de Chile en 2018 hizo un análisis de estos derechos consuntivos superficiales en base a entrevistas a las organizaciones formales de usuarios, omitiendo a muchas que no están formalizadas o se encuentran en proceso. De sus conclusiones se desprende lo siguiente: Titulares de derechos consuntivos superficiales 138.059 bajo jurisdicción de Juntas de Vigilancia y 30.510 en Comunidades de Aguas independientes, lo que totaliza 168.570 titulares. La realidad está en torno a los 250.000 titulares si consideramos los derechos consuetudinarios no regularizados ni catastrados que se encuentran en manos de los pequeños propietarios y cuyo ejercicio se hace en canales no formalizados. De este somero examen se desprende que las conclusiones del CPE UDLA son burdamente erróneas por lograrse a partir de los titulares de derechos catastrados que, como se advierte, son una fracción muy menor de la realidad y que, en su mayoría, considera a los titulares con más derechos registrados. Una buena aproximación a la real distribución nacional nos la da la Región de O’Higgins, datos que maneja la Federación Regional de Juntas de Vigilancia. Al examinar la concentración de los titulares de derechos consuntivos superficiales por estratos de superficie: pequeños hasta 12 hectáreas de riego básicas (hrb), medianos desde 12,1 a 50 hrb. y mayores sobre 50,1 hrb. se verifica que, en valores aproximados, el 80% de los titulares pertenece al primer estrato, el 12% de titulares al segundo y el 8% de los titulares del tercero. En la Región de Valparaíso, la J.de Vigilancia de la 3ª sección del Aconcagua nos informa que aprox. el 91% de las propiedades está en el primer estrato, el 6,9% en el segundo y el 2,1% en el 3º. En la Región de Coquimbo, los datos oficiales de la Junta de Vigilancia del Rio Elqui nos señala que el 86,8 %, de los derechos están en manos de pequeños y muy pequeños, el 11.1% en los medianos y el 2.1% en los más grandes. En la Región del Bío Bío, la JVRío Diguillín señala que en el primer estrato sus titulares tienen el 96,82% de los derechos y en el segundo el 3,38 % de los derechos. No existiendo información oficial, a nivel nacional, de la distribución de estos derechos por estrato de superficie, una buena aproximación la podemos desprender de los antecedentes aportados por la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región O’Higgins, donde se aprecia que la totalidad de los derechos consuntivos se divide aproximadamente en tercios por estrato: un tercio para las propiedades pequeñas, un tercio para las medianas y un tercio para las grandes. Esto se explica por la subdivisión natural por causa de muerte, por la Reforma Agraria que afectó a la inmensa mayoría de las propiedades regadas con sus derechos de agua incluidos, y a la posterior gradual reconcentración. Todo esto nos indica que la concentración denunciada por el CPE UDLA es una gran falacia, por lo que los llamamos a dar las explicaciones públicas debidas, particularmente tratándose de una universidad acreditada y con el compromiso legal de vincularse con el medio en forma rigurosa. También se vocifera con relación a los camiones aljibes que atienden a los servicios de agua potable rural (APR) por estar inhabilitados ante la caída del nivel en las napas, lo que maliciosamente se atribuye a los grandes empresarios y al código de aguas. Como ya es costumbre en nuestro medio, siempre el responsable se oculta y trata de endosar sus culpas a terceros. Otros inescrupulosos, ya muy conocidos, se aprovechan para hacer su agosto. Al respecto resulta conveniente mirar al sector público que es el que define las políticas, siendo la DOH del MOP el brazo gestor de los programas APR. Estos proyectos deben pasar el examen de evaluación económico social del MIDESO. La exigencia determina que las pequeñas comunidades logren un financiamiento muy estrecho que al final se ajusta en la profundidad que se da al pozo, quedando fuera de servicio ante una pequeña oscilación de la napa por sequía. Es el caso de la gran mayoría de los APR que están siendo atendidos por camiones aljibes con un presupuesto millonario que ahora será difícil desmontar por razones políticas, tanto por seguir culpando al Código de Aguas, como por la corrupción que los tiene colonizados. Mientras tanto un grupo privado, a través de la fundación FODEPE, han rehabilitado la mayoría de los pozos APR de Petorca a un quinto del costo previsto por la DOH. Qué mejor demostración ésta de la urgente necesidad de modernizar el Estado. Podemos desprender de este cúmulo de información parcial y a veces contradictoria, que estamos bastante a ciegas al momento de tomar decisiones, y que el Estado se ha constituido, con su silencio y falta de rigor, en cómplice pasivo de las campañas fraudulentas de desinformación imperantes. Mientras unos, con total impudicia, enlodan a los titulares de derechos, y pretenden seguir haciendo más de lo mismo, desde un Estado hipertrofiado que esconde y no asume su precariedad, los usuarios del agua de todos los tamaños hemos construido una enorme red de riego y por siglos gestionado la distribución y conservación de la infraestructura sin costo para el Fisco, sin estridencias y permitiendo el enorme desarrollo que evidencia el país en estos ámbitos, asegurando de paso la alimentación de todos los chilenos y aportando a la de otros 160 países. Reclamamos de la academia rigor y verdad, de los entes públicos información oportuna, suficiente y rigurosa para acompañar la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, y a los medios de comunicación radiales, escritos y televisivos, altamente replicados en redes sociales, ponerse a la altura del rol que les encomienda la sociedad, de informar con rigor y profesionalismo, para contribuir a hacer opinión pública, aislando a quienes no trepidan en usar su exposición mediática para desinformar sin escrúpulos por razones ideológicas. Firman: 40 Juntas de Vigilancia de todo el país (incluyendo Río Teno).